La Corte Suprema de Chile ha determinado que la investigación sobre la muerte de Franco Vargas en el denominado “Caso Conscriptos de Putre” debe ser entregada a la justicia civil. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, recibió la orden de entregar la investigación al Juzgado de Garantía de Arica.
El fallo destaca que no es suficiente basarse únicamente en las normas técnicas de rango legal que regulan la jurisdicción militar. El cuerpo normativo, establecido en 1944, asume erróneamente que la jurisdicción militar es la regla general y la jurisdicción ordinaria la excepción. Sin embargo, un análisis respetuoso de los principios de juridicidad y división de poderes, consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, exige considerar si existen fundamentos estrictamente militares que justifiquen una vía judicial específica para el conocimiento y la represión de delitos comunes.
En este contexto, se argumenta que los delitos investigados no ocurrieron durante actos de servicio militar, sino “con ocasión” de ellos. Por lo tanto, no es suficiente argumentar que la eficiencia técnica justifica sacrificar las garantías jurisdiccionales en beneficio de la justicia militar. La competencia de la justicia militar no protege bienes jurídicos esenciales para la seguridad nacional o las exigencias defensivas de la comunidad.
