La primera radiografía nacional sobre gestión ambiental municipal evidencia que, aunque nueve de cada diez municipios cuentan con institucionalidad ambiental, persisten profundas desigualdades en personal, presupuesto y herramientas para enfrentar el cambio climático y la crisis hídrica.

Un 90,4% de los municipios del país cuenta con algún tipo de institucionalidad ambiental, pero las capacidades reales para ejercerla son profundamente desiguales según el tamaño y nivel de desarrollo de cada comuna. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “Caracterización de la gestión municipal medioambiental en las comunas de Chile”, elaborado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).
La investigación —la primera de alcance nacional en su tipo— analizó dimensiones como estructura organizacional, recursos humanos y financieros, instrumentos normativos, planificación ambiental, gestión de residuos y educación ciudadana en municipios de todo el país.

Más estructura, menos capacidad
Aunque casi la totalidad de los municipios declara contar con alguna forma de institucionalidad ambiental, el estudio advierte que esto no se traduce automáticamente en capacidad real de gestión. Las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo tienen en promedio 36 funcionarios exclusivos en el área medioambiental, mientras que las comunas semiurbanas y rurales con menor desarrollo operan con apenas 7. La brecha es igualmente marcada en materia presupuestaria: el promedio nacional de inversión exclusiva en medioambiente alcanza los $788 millones de pesos, pero mientras las comunas metropolitanas superan los $2.865 millones —un 363% del promedio nacional—, las comunas rurales con bajo desarrollo apenas llegan a $120 millones, equivalente al 15,2% de esa misma cifra.
En materia regulatoria, la ordenanza medioambiental general está presente en el 64% de los municipios, pero los instrumentos más específicos presentan niveles de adopción mucho más bajos. Solo un 33,9% cuenta con ordenanza de gestión de residuos, y apenas un 9,1% dispone de una ordenanza de gestión hídrica —pese a que el país enfrenta una crisis hídrica estructural. Este último dato representa uno de los rezagos más críticos detectados por el estudio.

En planificación climática, el panorama es más alentador: un 54,7% de los municipios cuenta con un Plan Local de Cambio Climático, y otro 30,2% está en proceso de elaborarlo. Sin embargo, los Planes Hídricos Locales son prácticamente inexistentes: solo el 14,1% de las comunas dispone de uno, sin diferencias significativas entre tipos de territorios, lo que evidencia una brecha transversal.

Lo operativo avanza; lo estratégico, no tanto
El 86,6% de los municipios tiene al menos un punto de reciclaje, y un 70,8% cuenta con canales formales para recibir denuncias ambientales ciudadanas. Sin embargo, los programas de valorización de residuos —clave para avanzar hacia una economía circular— solo están presentes en el 34,6% de las comunas. Los programas de educación ambiental para la ciudadanía llegan al 39,3%, evidenciando una brecha importante en una dimensión que es fundamental para el cambio de conductas a largo plazo.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente de la AMUCH y alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, señaló que los resultados del estudio confirman lo que los alcaldes vienen planteando desde hace años: “Los municipios reciben cada vez más responsabilidades ambientales por parte del Estado central, pero sin la transferencia equivalente de recursos y capacidades técnicas. Este estudio lo demuestra con datos concretos y nos da argumentos para exigir un modelo de descentralización más justo y efectivo”.