Tras el reciente fallo de la Corte Suprema, que ordenó a seis proveedores de internet bloquear el acceso a 12 plataformas de apuestas en línea, la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea emitió un comunicado en el que aclaró el alcance real de la medida y subrayó la necesidad de una legislación moderna.

“El fallo es limitado y no implica un bloqueo de todos los sitios ni menos de la operación y actividad de la industria. Lo que Chile necesita es una regulación que proteja a las personas, dé certezas y contribuya al bienestar de todos a través de una adecuada recaudación. Las políticas públicas deben definirse en el Congreso, a través de un debate democrático y abierto, no en un tribunal de justicia, porque no es su misión”, señalaron.

¿Qué implica el fallo? Según la Asociación, es fundamental entender que la sentencia:

• SÍ ordena: bloquear 12 URLs en 6 ISPs específicos.
• NO ordena: un bloqueo universal ni permanente, ni que todos los proveedores de internet deban aplicar la medida.
• NO criminaliza a los usuarios: no existen consecuencias penales derivadas de esta resolución.
• NO es una ley ni precedente obligatorio: no reemplaza el rol del Congreso ni define un marco general para la industria.

Los efectos prácticos:

El comunicado de la Agrupación advierte que, pese a que el fallo puede generar confusión pública y presiones políticas, sus efectos jurídicos son acotados. Además, recuerdan que el Ministerio Público ha establecido que los tipos penales vigentes no son aplicables a este fenómeno, lo que refuerza la necesidad de actualizar la legislación.

El llamado a una regulación moderna:

La Agrupación recalcó que Chile se encuentra detrás de más del 70% de los países de la OCDE, que ya cuentan con marcos normativos para las plataformas de apuestas en línea.

En esa línea, destacaron la importancia de avanzar en el proyecto de ley (Boletín 14.838-03), actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, que busca regular el desarrollo de estas plataformas.

La propuesta incluye pilares como:
• Protección a menores, mediante verificación de edad.
• Herramientas de autoexclusión para usuarios con problemas de juego.
• Transparencia y control para prevenir fraudes.
• Medidas contra el lavado de dinero, con estándares de debida diligencia.