El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció sobre las controversias generadas tras la revelación de falencias en la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social de 2019, según el informe de la Contraloría General de la República.
El informe señala que 19 expedientes carecían de antecedentes médicos, y alarmantemente, 58 de los 419 beneficiados poseen antecedentes penales por delitos graves, como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Monsalve explicó que el procedimiento se basó en una resolución emitida en enero de 2022, la cual no exigía la solicitud de antecedentes penales. Afirmó que dicha resolución, dictada por el exsubsecretario Juan Francisco Galli, no tuvo mala fe y que históricamente nunca se habían solicitado antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia.
Sin embargo, el subsecretario reconoció la falencia en el sistema, indicando que esta situación condujo a la entrega de pensiones a personas con antecedentes penales. Como respuesta, se emitió una nueva resolución que modifica el procedimiento, estableciendo que siempre se deben solicitar los antecedentes penales para evitar situaciones similares en el futuro.