En una jornada marcada por la fiscalización y transparencia, la Contraloría General de la República emitió un informe revelador sobre las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social, desatando una nueva polémica en torno a la entrega de estos beneficios.
El informe destaca que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), carecían de antecedentes médicos sólidos. Se señala que algunos respaldos presentaban certificados médicos ilegibles, sin diagnóstico o con información contradictoria respecto al daño sufrido, incluso con fechas anteriores a octubre de 2019.
La revelación más impactante indica que 58 de las 419 personas beneficiadas con estas pensiones tenían antecedentes penales por condenas, abarcando desde multas hasta prisión y reclusión, incluyendo delitos violentos. El informe detalla casos de beneficiarios con más de 10 condenas, abarcando delitos como estafa, tráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Además, la Contraloría resalta que el documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, que categoriza las lesiones sufridas por los postulantes, no contaba con la aprobación formal correspondiente.
La conclusión contundente del informe indica que no se evidencia la decisión de la autoridad de establecer un aumento en las pensiones otorgadas antes de dicha definición, dejando un cuestionamiento sobre la gestión y criterios empleados en este proceso.