El Gobierno planea agilizar la expulsión de migrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas, según anunció el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
La medida, que es una respuesta a la reciente ola de hechos violentos que ha reavivado el debate sobre seguridad, se centra en fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión.
Monsalve señaló que utilizarán la facultad que la Ley de Migraciones otorga al subsecretario del Interior para expulsar en casos de riesgo para la seguridad interior.
Además, se propondrá al Congreso reducir de 10 a 5 días el plazo de apelación para aquellos afectados por decretos de expulsión.
El subsecretario también indicó la intención de modificar la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para permitir el ingreso a domicilios en casos de personas con órdenes de expulsión ya dictadas.